Testigo Social

La figura del Testigo Social se institucionalizó en 2004 y se encuentra sustentada en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en donde se establece la obligación de realizar licitaciones públicas y asegurar la honradez, eficacia, eficiencia y honradez en el ejercicio de los recursos públicos. 

El Testigo Social es un mecanismo de participación ciudadana en materia de contrataciones públicas que realiza un acompañamiento en los procedimientos de contratación, con el fin de coadyuvar para que se realicen con legalidad y transparencia.

A fin de atender el mandato constitucional, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas contemplan la figura de Testigos Sociales de representación ciudadana, cuyo marco de actuación se desprende en las disposiciones reglamentarias de estos ordenamientos.

La operación de dicha figura está a cargo de la Secretaría de la Función Pública y tiene las siguientes funciones: 

• Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
• Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y; 
• Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente   

El Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C. (IMAT) obtiene el 23 de marzo de 2006 el registro PM0AC003 en la Secretaría de la Función Pública, que lo acredita como Testigo Social y se suma a la labor de fortalecer la transparencia en el desarrollo de los procesos de contrataciones públicas.